México.- La Fiscalía del Estado de México investiga a Carlota “N”, una mujer de 74 años, implicada en la muerte de dos personas y en las heridas causadas a un menor durante un confuso y violento incidente ocurrido en el municipio de Chalco, presuntamente motivado por una disputa inmobiliaria.
El caso ha provocado un intenso debate en la opinión pública mexicana, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa a la mujer, acompañada por otras dos personas, descender de un vehículo e iniciar un ataque con armas de fuego contra un grupo de vecinos en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe.
En las imágenes, Doña Carlota dispara primero a un hombre que se encontraba junto a una máquina de soldar. Posteriormente, el arma se acciona de nuevo, hiriendo mortalmente a un joven de 19 años. Según versiones preliminares, el conflicto habría surgido por la disputa de la propiedad del inmueble donde ocurrió el hecho.
Arresto y proceso judicial
Horas después del tiroteo, la Fiscalía mexicana confirmó la detención de la señora Carlota y sus acompañantes. Las autoridades los acusan de homicidio calificado, tentativa de homicidio, despojo y posibles actos de corrupción, como cohecho.
Según el Código Penal del Estado de México, Carlota “N” podría enfrentar penas de hasta 55 años de prisión si se le encuentra culpable por los cargos de homicidio agravado. También se evalúa si podría recibir prisión domiciliaria debido a su avanzada edad, aunque esta medida dependerá de su estado de salud y de si representa un riesgo para la sociedad.
Reacciones
El caso ha generado controversia en medios mexicanos. Mientras algunos sectores lo califican como un acto de justicia por mano propia, otros sostienen que se trata de un asesinato premeditado. La mujer ha sido apodada en redes sociales como “la abuela sicaria”, calificativo que ha polarizado aún más la discusión pública.
Asimismo, medios locales han vinculado a su hijo, Arturo Santana Alfaro, exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con antecedentes por presuntos incidentes relacionados con armas de fuego.
Mientras las investigaciones continúan, el caso mantiene el foco sobre la creciente inseguridad, la fragilidad del sistema de justicia y los conflictos de propiedad que afectan al Estado de México.
