Retos pendientes en favor de la juventud dominicana: el 21% aún fuera del mercado laboral

“Instaurar el marco jurídico, político e institucional que oriente las acciones del Estado y la sociedad en general hacia la definición e implementación del conjunto de políticas necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población joven de la Nación, así como una efectiva participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones”, fue el objetivo principal del Estado dominicano al promulgar en julio del año 2000 la Ley General de Juventud (49-2000). Esta normativa jurídica colocó, por primera vez en la historia de la República Dominicana, a la población joven en el centro de las políticas públicas nacionales.

La aprobación de esta ley habilitó las condiciones para que, desde el gobierno central, se impulsaran distintas iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes dominicanos, mediante la facilitación de becas académicas y la implementación de proyectos y programas formativos. Estas acciones estuvieron dirigidas a generar mejoras significativas en un segmento poblacional que, 26 años después de promulgada la ley, representa aproximadamente el 35% de la población nacional.

De acuerdo con datos del Ministerio de la Juventud, en la República Dominicana residen 3,670,975 jóvenes, de los cuales 2,886,267 son económicamente activos. Aunque no todos se encuentran insertados en el mercado laboral, este grupo representa el 57.6% de la fuerza de trabajo cuando se compara con otros rangos etarios, lo que confirma su peso estratégico en el presente y futuro del país.

Publicación oficial del Ministerio de la Juventud disponible en juventud.gob.do.

Más allá del peso demográfico y del rol estratégico que la juventud representa para el desarrollo nacional, los datos evidencian que una parte significativa de este segmento poblacional continúa enfrentando barreras estructurales para su plena inserción económica.

El 21% de la juventud dominicana permanece fuera del mercado laboral

No obstante, pese a que más de la mitad de los jóvenes están insertados en el mercado laboral, ser joven sigue siendo sinónimo de actividad y organización del futuro, por lo que es inevitable revisar los datos que indican que el 21% de la juventud dominicana no es económicamente activa, lo que indiscutiblemente limita sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, formar familia, tener proyectos y sobre todo tener una vida plena y en bienestar.

Así lo refuerzan los resultados del Informe Mundial de Juventud, publicado por la ONU el pasado 30 de diciembre, donde se destaca cómo las desigualdades en áreas como educación, empleo, dinámica familiar, pobreza, tecnología y actitudes sociales generan disparidades en los resultados de salud mental, señalando que el estigma, la discriminación y el acceso desigual a las oportunidades y la atención agravan los riesgos para los jóvenes.

Explica que basándose en extensas revisiones bibliográficas, consultas con expertos, encuestas a jóvenes y testimonios reales de jóvenes, el Informe precisa que ¨la acción intersectorial, las políticas inclusivas y las iniciativas lideradas por jóvenes, exigen enfoques integrales que garanticen que ningún joven se quede atrás en el logro de la salud mental y el bienestar¨.

Publicación oficial del Ministerio de la Juventud disponible en juventud.gob.do.

Los jóvenes necesitan más espacios para aportar

Por eso es tan importante propiciar espacios, programas e iniciativas que permitan incorporar al aparato productivo nacional al 21% de los jóvenes dominicanos que aún no cuentan con esa oportunidad, sin desmeritar los esfuerzos que se hace desde el gobierno y los organismos internacionales que han implementado diferentes proyectos con ese propósito.

Hay que destacar que desde el Ministerio de la Juventud, a partir de la entrada en vigencia de la ley que además de dictar la norma crea a esa entidad, se han hecho importantes esfuerzos para abrir nuevas oportunidades a los jóvenes, con enfoque en la inclusión social juvenil, la cual la institución define como ¨una estrategia holística en la que la educación y el empleo juegan el papel principal, por lo que desarrollan una serie de programas y proyectos dirigidos a garantizar tal objetivo¨.

Al respecto, toda la política pública de juventud de República Dominicana está basada en 6 pilares fundamentales que buscan garantizar que la totalidad de la población joven tenga acceso a las mismas oportunidades. Educación, participación, medio ambiente, empleo y emprendimiento, salud y territorialidad son los aspectos que sostienen esa visión.

Publicación oficial del Ministerio de la Juventud disponible en juventud.gob.do.

Como se puede observar, dentro de los 6 pilares además del empleo se incluye la educación y la participación, fundamentales para la inserción efectiva en el mercado laboral, a partir de la obtención de un empleo de calidad.

En ese tenor, la ONU considera a la educación como un derecho fundamental para la juventud en todo el mundo, la cual debería ser inclusiva, equitativa y de calidad, para una transición exitosa al mercado laboral y para lograr un trabajo decente.

En este contexto, la educación se consolida como uno de los principales instrumentos para cerrar las brechas de desigualdad que afectan a la juventud dominicana, para garantizar una inserción efectiva y sostenible en el mercado laboral.

“Becas académicas y empleo: avances con limitaciones estructurales”

Con relación a ese aspecto, se registran diversos programas que brindan oportunidad de becas para estudios técnicos y superiores, dirigidos a los jóvenes. Sin embargo, estas iniciativas tienen 2 condiciones que limitan su efectividad con miras a la obtención de un empleo.

Los dos aspectos que limitan la efectividad de estos programas son: **mecanismo para acceder a las becas** y **falta de conexión directa y permanente con el empresariado**.

¿Por qué el mecanismo para acceder a las becas no garantiza la inclusión y el acceso equitativo?

Un joven dominicano proveniente de una familia de bajos recursos, o que vive en condición de vulnerabilidad, durante toda su vida escolar tiene que combinar sus espacios de estudio con cargas familiares, responsabilidades de quehaceres domésticos no apropiados para su edad, y en muchos casos incluso trabajar de manera informal para aportar al hogar.

Esto sin lugar a dudas, limita ampliamente su rendimiento académico (visto a partir del método de calificación tradicional, no desde la perspectiva del aprendizaje). Por su dinámica diaria de vida no dispone de todo el tiempo disponible para estudiar, repasar e investigar, que sí dispone una persona que solo tiene como ocupación o preocupación, estudiar.

Visto este caso, entonces se puede entender por qué el mecanismo de acceso a una beca es limitante. Se debe a que como requisito fundamental para acceder a una beca académica se debe tener un índice académico de 80 puntos o más. Sucede así como una forma de respaldar a los jóvenes que durante su vida educativa han demostrado habilidades, inteligencia y aplicación con su proceso de estudios.

Sin embargo, por esta situación cientos de jóvenes que tienen la intención, el deseo, la esperanza y el sueño de estudiar, se quedan fuera de esa posibilidad. Su realidad les impone seguir dentro de un círculo vicioso de pobreza y discriminación, que solo podría ser superado si se hiciera efectiva la equidad y no necesariamente la igualdad. Pues las necesidades de estos jóvenes requieren una atención más amplia, resultado de una investigación y análisis profundo de su contexto.

A las limitaciones en el acceso a la educación y a las becas se suma un factor estructural que resulta determinante para cerrar el ciclo entre formación y empleo: la falta de una conexión directa, sistemática y sostenida entre las políticas públicas de juventud y el sector productivo nacional.

Débil articulación con el empresariado: un obstáculo para el empleo juvenil

Otro elemento clave que requiere atención es la ausencia de mecanismos institucionalizados que garanticen una vinculación permanente entre las autoridades y el empresariado, mediante programas coordinados que permitan la inserción laboral de los jóvenes formados en áreas técnicas y profesionales demandadas por el mercado.

La falta de esta articulación impide que las empresas se conviertan en receptoras directas del talento joven que egresa de los distintos programas de formación, limitando así el impacto real de las inversiones públicas en educación y capacitación.

Atendiendo a esta premisa, también hay que agregar que algunas instituciones por separado han intentado garantizar que algunos jóvenes tengan acceso a puestos laborales. Pero no ha sido suficiente, ya que han sido pequeños esfuerzos aislados que no han logrado impactar de manera significativa al 21% de los jóvenes que aún esperan la oportunidad de un empleo. Y en otros casos de una beca.

2026 puede ser el año de las transformaciones a favor de los jóvenes

A 26 años de la promulgación de la Ley General de Juventud, la República Dominicana cuenta con un marco jurídico claro y una institucionalidad definida para atender a su población joven. Sin embargo, los datos presentados revelan que persiste una brecha estructural entre la intención de la política pública y su impacto real.

El hecho de que el 21% de los jóvenes continúe fuera del mercado laboral evidencia que los mecanismos actuales de acceso a la educación, las becas y el empleo no están logrando romper el ciclo de desigualdad que afecta a los sectores más vulnerables.

Avanzar hacia una política de juventud verdaderamente inclusiva exige repensar los criterios de acceso a las oportunidades, fortalecer la articulación con el sector productivo y asumir la equidad como principio rector, para que la juventud deje de ser una promesa pendiente y se convierta en un motor efectivo de desarrollo nacional.

Convertir a la juventud en motor del desarrollo no puede seguir siendo un discurso aspiracional: requiere decisiones políticas concretas, coordinación interinstitucional y una visión de país que coloque a los jóvenes en el centro del crecimiento económico y social, para garantizar que los 784,708 jóvenes dominicanos que no están insertados en el mercado laboral, puedan tener un trabajo digno para hacer más grande a la República Dominicana.

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