El Instituto Duartiano entiende que el pedimento formulado por el experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Haití, señor William O’Neill, no aplica para la República Dominicana, porque para nosotros las deportaciones de indocumentados e ilegales haitianos se inscribe en una actuación in extremis de legítima defensa de su existencia como nación soberana.
Nadie puede pedirle a nuestro país que sacrifique su propia seguridad para favorecer a la de otro, a sabiendas de que lo que garantiza la misma no depende de nosotros sino de la reacción vigorosa y seria de la comunidad internacional, de la cual la ONU, organismo para el cual trabaja el señor O’Neill, constituye una parte determinante del acompañamiento que requiere Haití para resolver la difícil situación que vive.
Las repatriaciones que se hacen desde el territorio dominicano son sumamente tímidas si comparamos la masiva y desbordante presencia de súbditos del vecino país con las cifras que anuncia la dirección general de Migración, las cuales, por su número, carecen de significación y, en todo caso, las mismas se han estado respetando el debido proceso, la dignidad humana y garantizando la seguridad del procedimiento.
Esta entidad patriótica entiende que, el énfasis que ha puesto es representante de la ONU en Haití, en cuanto a la importancia de frenar las deportaciones de menores no acompañados, expresando preocupación por el supuesto tráfico de niños y mujeres migrantes, incluidas las denuncias de tráfico de órganos y trata de personas con fines sexuales, no tiene ninguna aplicación en lo que concierne a la República Dominicana, carece de objeto porque aquí no se producen esos graves e inhumanos hechos.
Una vez más, como el caso del señor William O’Neill, representantes de organismos internacionales incurren en la grosera violación al ascender a tribunas foráneas para trazar pautas sobre la cuestión migratoria, expresión inequívoca del ejercicio de nuestra soberanía reservada por nuestra Constitución política de manera exclusiva al pueblo dominicano.
Ante las decenas de miles de migrantes repatriados a Haití, O’Neill instó a poner fin a las deportaciones masivas e instó en concreto a la vecina República Dominicana a respetar sus compromisos al respecto. Además, consideró que las salidas masivas organizadas de haitianos en busca de una vida mejor han debilitado aún más los servicios en el país, al haberse producido un descenso significativo de la mano de obra, sobre todo en la policía y el sector sanitario.
El artículo 3 de la referida Norma Suprema dice: “La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”.
Dr. Wilson Gómez Ramírez,
Presidente del Instituto Duartiano y
Pasado juez del Tribunal Constitucional.
Reacción del Instituto Duartiano en torno a las declaraciones publicadas este jueves por el experto de la ONU sobre la migración haitiana
El Instituto Duartiano entiende que el pedimento formulado por el experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Haití, señor William O’Neill, no aplica para la República Dominicana, porque para nosotros las deportaciones de indocumentados e ilegales haitianos se inscribe en una actuación in extremis de legítima defensa de su existencia como nación soberana.
Nadie puede pedirle a nuestro país que sacrifique su propia seguridad para favorecer a la de otro, a sabiendas de que lo que garantiza la misma no depende de nosotros sino de la reacción vigorosa y seria de la comunidad internacional, de la cual la ONU, organismo para el cual trabaja el señor O’Neill, constituye una parte determinante del acompañamiento que requiere Haití para resolver la difícil situación que vive.
Las repatriaciones que se hacen desde el territorio dominicano son sumamente tímidas si comparamos la masiva y desbordante presencia de súbditos del vecino país con las cifras que anuncia la dirección general de Migración, las cuales, por su número, carecen de significación y, en todo caso, las mismas se han estado respetando el debido proceso, la dignidad humana y garantizando la seguridad del procedimiento.
Esta entidad patriótica entiende que, el énfasis que ha puesto es representante de la ONU en Haití, en cuanto a la importancia de frenar las deportaciones de menores no acompañados, expresando preocupación por el supuesto tráfico de niños y mujeres migrantes, incluidas las denuncias de tráfico de órganos y trata de personas con fines sexuales, no tiene ninguna aplicación en lo que concierne a la República Dominicana, carece de objeto porque aquí no se producen esos graves e inhumanos hechos.
Una vez más, como el caso del señor William O’Neill, representantes de organismos internacionales incurren en la grosera violación al ascender a tribunas foráneas para trazar pautas sobre la cuestión migratoria, expresión inequívoca del ejercicio de nuestra soberanía reservada por nuestra Constitución política de manera exclusiva al pueblo dominicano.
Ante las decenas de miles de migrantes repatriados a Haití, O’Neill instó a poner fin a las deportaciones masivas e instó en concreto a la vecina República Dominicana a respetar sus compromisos al respecto. Además, consideró que las salidas masivas organizadas de haitianos en busca de una vida mejor han debilitado aún más los servicios en el país, al haberse producido un descenso significativo de la mano de obra, sobre todo en la policía y el sector sanitario.
El artículo 3 de la referida Norma Suprema dice: “La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable.
Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución.
El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.
