Santo Domingo.- En un esfuerzo por modernizar y regular la economía digital en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader firmó el decreto 30-25, que establece la aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los servicios ofrecidos por proveedores internacionales a través de plataformas digitales. Esta medida, publicada en la Gaceta Oficial 11186 el pasado 25 de enero de 2025, entrará en vigor en julio de este mismo año.
El reglamento tiene como objetivo asegurar que los servicios digitales consumidos en el país sean gravados de manera equitativa, siguiendo los lineamientos del “principio de destino” en la fiscalidad internacional. La medida busca evitar distorsiones fiscales entre los proveedores de servicios online y los comercios tradicionales, promoviendo la competencia leal y mejorando la recaudación tributaria.
De acuerdo con el decreto, los proveedores extranjeros deberán registrarse ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y aplicar el ITBIS en las transacciones realizadas con usuarios dominicanos. Aunque ciertos servicios, como los financieros y de telecomunicaciones, están exentos, aquellos prestados a través de plataformas digitales estarán sujetos a esta nueva regulación, afectando especialmente servicios de publicidad online y transmisión de datos.
La decisión se toma en el contexto del rápido crecimiento de la economía digital, que ha generado un reto para las autoridades fiscales en la implementación de mecanismos de control y recaudación adecuados. Con esta iniciativa, el gobierno dominicano espera aumentar la eficiencia tributaria, reducir la evasión fiscal y garantizar un trato justo a los proveedores de servicios tanto nacionales como internacionales.
A partir de julio, los usuarios de plataformas digitales, como servicios de streaming, publicidad en línea y venta de datos, notarán un cambio en las tarifas debido a la implementación del ITBIS, que será recaudado directamente por las plataformas extranjeras. Este decreto también responde a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promueve la adaptación de los sistemas fiscales a las realidades del comercio electrónico global.
Este cambio será clave para el futuro del comercio digital en el país, y el gobierno promete simplificar el vigor seis meses después de haber sido emitido, aproximadamente en julio de 2025.
El decreto se encuentra publicado en la página de la Consultoría Jurídica de la Presidencia.
