El Ministerio de Educación informó que en abril próximo convocará a más de 120 mil
servidores de la escuela pública, para la Evaluación de Desempeño Docente (EDD),
con lo cual busca impulsar el proceso de mejora en la calidad educativa, a través del
fortalecimiento, la promoción y el incentivo de las buenas prácticas en la enseñanza
en el nivel preuniversitario.
Entre los 120 profesionales de la Pedagogía que serán convocados a la evaluación,
además de profesores en aulas, figuran coordinadores, directores de centros,
orientadores, psicólogos, dinamizadores de las Tecnologías, bibliotecarios,
secretarios y directores nacionales, regionales y distritales.
El ministro de Educación, Ángel Hernández, explica que el proceso, valorado como
una eficaz herramienta de medición, permitirá aplicar los incentivos económicos
correspondientes “a todos los docentes que alcancen una puntuación de 70 en
adelante, en una escala que aumentará según el acercamiento del docente al nivel
de excelencia que demanda y merece la sociedad dominicana”.
Quienes no logren superar la valoración de 70 puntos serán objeto de un plan de
desarrollo a través del despliegue de estrategias y acciones de mejora de la calidad
que favorezcan su ejercicio profesional.
Es, sin dudas, un importante propósito en la búsqueda de respuesta a la baja calidad
que desde hace largo tiempo exhibe la educación dominicana y que impide un
posicionamiento decente, tanto a nivel local como internacional.
El tema se enturbia cuando la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) plantea
que el incentivo por desempeño incluya a los docentes cuyas evaluaciones de
alcancen la muy triste, penosa y decepcionante puntuación de 60/100; para lo cual
desde ya anuncia un “plan de lucha nacional”.
¿Qué calidad moral y qué aval profesional puede tener un docente, cuya evaluación
por desempeño esté por debajo de la puntuación 70/100, para conducir a un
estudiante de manera tal que, si no resulta meritorio, por lo menos esté bien
encaminado en su proceso de aprendizaje?
Todavía retumba el dato ofrecido por el director ejecutivo de la entidad Acción
Empresarial por la Educación (EDUCA), Edwin Caraballo, en el año 2022, cuando
estaba a punto de cumplirse los primeros diez años de la entrada en vigencia de la
asignación del 4% de Producto Interno Bruto (PIB), como partida presupuestal para
la educación dominicana.
La información daba cuenta de que desde el 2013 el Ministerio de Educación
(MINERD) había recibido del Estado la friolera de 27 mil millones de dólares, por
concepto del 4% del Producto Interno Bruto, y que los niveles de aprendizajes que
exhibían los estudiantes era el mismo que se tenía en el 2012; o sea, un año antes
de que se le diera cumplimiento a la Ley General de Educación 66-97, que consigna
esa partida.
Desde entonces, distintos sectores abogan para que esa realidad quede
transformada, aunque poco se ha logrado, a juzgar por los todavía muy deficientes
resultados.
En los países de la región en los que la calidad educativa es importante y visible, las
autoridades combinan la asignación de recursos financieros con estrategias muy
claras y bien definidas, orientadas hacia el resultado, porque la lógica misma
establece que no se puede obtener éxito, si no existe una conjunción de estos
elementos: acción y disposición financiera.
Todavía República Dominicana no entra en la categoría de países de América Latina
y el Caribe con una adecuada asignación presupuestal para la educación, a pesar
del 4% del PIB que recibe desde el año 2013 y que la coloca detrás de El Salvador,
con 4.5% del PIB; y absolutamente lejana, muy lejana, de Uruguay, que destina el
18% del PIB para ese renglón.
La evaluación, prevista para el mes de abril de este año, es importante, valiente y
necesaria, porque esta medición no se realiza en el país desde el 2017, lo que
conlleva a pensar que desde entonces no han sido introducidas mejoras para
enfrentar las múltiples falencias que exhibe el sistema educativo nacional. ¡Esto es
urgente!
