Santo Domingo.- ¨La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, número 200-04, del 28 de julio del 2004, representa la expresión más clara del fortalecimiento democrático en la República Dominicana, siendo su mayor valor la protección del derecho de acceso a la información,
el cual es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa, ya que permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del gobierno y de la administración pública¨, así es definida esta pieza legislativa en el documento que la contiene.
Dejando claro, de entrada, que se constituye en un mecanismo que obliga al Gobierno a implementar sistemas para transparentar la gestión del Estado.
La normativa jurídica fue un esfuerzo del expresidente Hipólito Mejía, que a 20 años de su promulgación, cobra vida en una sociedad dominicana cada vez más pendiente de la ¨cosa pública¨ que está comprometida con seguir siendo vigilante y participe de la garantía de preservación de los avances que el país ha conquistado en materia de transparencia, datos abiertos y acceso a la información pública.
Acceso a la información pública de manera oportuna
Cuando en 2020, la pandemia del Covid-19 impactó de manera directa al mundo y con ello a la República Dominicana, la administración pública en el país dio un giro trascendental e importante. Y se hizo cada vez más recurrente el uso de Internet y la necesidad de la ciudadanía de acceder a información de manera virtual.
Es en ese momento que la disposición de información en línea sobre las ejecutorias de Gobierno tomó mayor relevancia, porque aunque por varios años en el país se hicieron esfuerzos por participar de forma activa en la implementación puntual del proceso de Gobierno electrónico que seducía a Latinoamérica, fue el auge de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades cotidianas, las que al coincidir con una nueva visión de liderazgo nacional, dio paso a que la República Dominicana pudiera lograr avances determinantes en materia de transparencia.
Durante el período 2020-2024 se desarrollaron múltiples acciones para lograr que el acceso a información sea una realidad, de manera recurrente y en diciembre pasado, se realizó un primer diagnóstico nacional para fortalecer el cumplimiento de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, donde participaron 235 Responsables de Acceso a la Información (RAI), quienes tuvieron la oportunidad de ser parte de la evaluación de la calidad de la información proporcionada a los ciudadanos y de identificar áreas de mejora que permitan garantizar el derecho ciudadano a acceder a la información pública.
Ética presentó estos temas en el marco de la Semana del Derecho a Saber 2024.
Sin embargo, no es todo. Desde el Gobierno se han consolidado 3 portales importantes para reforzar el compromiso de ofrecer a la ciudadanía información sobre la gestión del Estado. Estos son: Portal de Datos Abiertos, Portal Gobierno Abierto y el Portal Único de Acceso a Información Pública. En este último, ya han sido realizadas 11,884 evaluaciones de solicitudes, a partir de 373 instituciones vinculadas a la plataforma, a partir de 104, 672 solicitudes realizadas que fueron recibidas a través de las OAI. De estos procesos, 81, 070 ya fueron completados en un totalidad.
Este portal que funciona como un espacio único de solicitudes de acceso a la información, permite completar cualquier solicitud de Acceso a la Información desde un solo lugar, sin tener que disponer de otras gestiones para ejercer el derecho a ser informado sobre la gestión de los recursos públicos.
Además, se puede realizar cualquier solicitud de información dentro de las instituciones disponibles, solo enviando la solicitud desde cualquier lugar, la cual será gestionada por el responsable de la información.
Hay que destacar que el cumplimiento de la Ley 200-04 y el Decreto 130-05, el acceso a la información se hace efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás, tal y como se garantiza en la Constitución dominicana.
Una apuesta poer el cumplimiento
Pero no es el único aspecto que se ha reforzado. En 2021, con el Decreto 791-21, el presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad nacional el proceso de implementación y elección de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), en todas las instituciones públicas del ámbito del Poder Ejecutivo. Mandando una señal firme sobre la importancia que tiene la transparencia de las gestiones estatales, para su gestión.
Su importancia puede ser constatada si se precisa que las CIGCN son las responsables de suministrar oportunamente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) toda la información y documentación necesaria para prevenir los riesgos de corrupción y adelantar las investigaciones de su competencia.
Este es un organismo clave para garantizar mayores niveles de transparencia en la administración pública, si lo vemos desde el enfoque de garante de derecho, por ocupar el rol de veedor, si se quiere, o incluso vigilante del cumplimiento normativo práctico, en pro de la información oportuna que debe recigbir la ciudadanía, como manda la Constitución dominicana.
Es la Carta Magna que en su artículo 147, dispone:
“Los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo” y éstos deberán “responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria”.
Portal de datos abiertos
Pero el país no solo ha garantizado la efectividad de varios decretos y un órgano regente que se mantiene atento al desenvolvimiento de las instituciones que manejan fondos públicos. Sino que ha ido más allá y para facilitar el acceso a la información pública, para la ciudadanía, en el año 2022 se puso en marcha el nuevo Portal Nacional de Datos Abiertos, para estar acorde con la primera Política Nacional de Datos Abiertos y también con el Plan de Acción para la Apertura de Datos Abiertos, como parte del primer compromiso del V Plan de Acción de la República Dominicana ante la Alianza para el Gobierno Abierto 2022-2024.
En el portal se pueden encontrar informaciones relacionadas con urbanismo, sociedad, bienestar, salud, medio ambiente, legislación, gestión pública electoral, educación, economía, ciencia y tecnología, así como informaciones tan importantes como los resultados de políticas públicas ejecutadas por las diversas instituciones públicas.
De las 262 instituciones que forman parte del portal, una en particular aporta información valiosa que permite valorar en su justa dimensión los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno por seguir mejorando la condiciones de vida de la niñez dominicana, que en múltiples momentos histórico ha requerido más que una política pública: ha requerido la entrega de hombres y mujere,s dominicanos y dominicanas, que han hecho grandes aportes para que las generaciones siguientes puedan disfrutar una República Dominicana más equitativa e igualitaria.
Es en ese tenor, que el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), se convierte en una institución de interés para cualquier ciudadano, por la labor que realiza y que muchas veces sus logros y resultados no son necesariamente notablemente visibilizados.
Al acceder a su portal de transparencia se pueden visualizar datos e informaciones que ayudan a comprender cómo desde el Gobierno se trabaja para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes del país.
Tras casi medio siglo dedicado a garantizar le bienestar de la niñez dominicana, el CONANI, el pasado 13 de enero publicó en su portal de transparencia un informe titulado ¨Boletín estadístico 2024¨, donde facilita a la ciudadanía todos los detalles acerca de las acciones ejecutadas en favor de la niñez, durante el último año.
En este documento, se pueden verificar datos como el número de adopciones de menores, que en estos momentos ya disfrutan de una vida en familia. También, la cantidad de casos de declaraciones en estado de abandono a niños, niñas y adolescentes, cifra que en 2024 alcanzó los 45 niños.
Además, se puede verificar el total de casos de niños, niñas y adolescentes que le han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, la cantidad de solicitudes de suspensión de autoridad parental y el total de asistencia en los casos de servicios social internacional.
