El cierre de la frontera penaliza gravemente el pequeño comercio bilateral, afecta la economía de la ciudad y a los pobres de ambos países que viven del mercado.
Por César Pérez
La conjunción de un asesinato, aun sin esclarecer el móvil y generales de quienes lo cometieron, y el avance en la construcción de un rudimentario canal privado en la parte haitiana del rio Masacre, ha provocado otra tensión fronteriza entre República Dominicana y Haití. El hecho de sangre ocurrió en Loma de Cabrera, pero, como casi siempre, el epicentro de la tensión se registra en Dajabón, sede del más importante mercado binacional. Del asesinato se ha derivado la recurrente barbarie de algunos desaprensivos que, con hechos o amenazas, expulsan de la zona a reales o supuestos haitianos. Para detener la construcción del canal, el gobierno dominicano ha sobredimensiona el hecho, diciendo que viola el tratado entre ambos países sobre las aguas fronterizas.
El gobierno ha sobreactuado en este punto. Inició con una movilización militar y de equipos mecánicos en Dajabón, a la que continuó una convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional para “tomar las acciones necesarias para proteger los intereses de la nación”. En ese sentido, alega que una toma de agua en la parte haitiana constituye una violación al tratado del 1929, que prohíbe se hagan obras que desvíen el curso de los ríos fronterizos, por lo que impedir que particulares haitianos (no su Estado, en este caso) significas hacer valer ese tratado y con el ello el “interés” nacional”. Pero, resulta que esta interpretación es bastante polémica pues, según informa la orden Jesuitas en Dajabón, nuestro país tiene 11 tomas de esas aguas.
Por consiguiente, el reclamo del gobierno debió plantearse en primera instancia en la Mesa Hídrica Binacional, independientemente de las limitaciones de la parte haitiana para tomar decisiones. En ese espacio podrían encontrarse vías más expeditas para llegar a un acuerdo entre las partes, tomando como referencia la información de los jesuitas y de otras fuentes sobre la existencia de tomas en la parte dominicana. Así se aplicaría el espíritu de justicia contenido en el Tratado, algo que no se logrará ordenando un cierre de frontera hasta que el tema será resuelto, interpelando a un interlocutor, al gobierno haitiano, se supone, que carece de autoridad para resolverlo. Entonces, ¿quién lo resolverá? ¿Quiénes lo están construyendo? Esas preguntas debieron ser sopesadas para establecer la pertinencia y viabilidad de los alcances de las medidas tomadas por el gobierno.
El cierre de la frontera penaliza gravemente el pequeño comercio bilateral, afecta la economía de la ciudad y a los pobres de ambos países que viven del mercado. Muchas loables iniciativas y discursos si se despliegan para “desarrollar la frontera”, pero de nada servirán si ante hechos de limitada y a veces inexistente relevancia tocamos los tambores de guerra para “defender la nación”. Pocos querrán vivir, ni mucho menos invertir, en una zona constantemente zarandeadas por el ruido de helicópteros, aviones de guerra y masiva presencia militar en las puertas de un país que no tiene ejército. Ni siquiera policía. ¿Qué debemos protegernos de las bandas de delincuentes de ese país? Sí, esto no solo es válido sino una responsabilidad del gobierno dominicano.
Por otro lado, en el caso del asesinato de miembros de una familia en Loma de Cabera, un llamado “comité defensor del pueblo” sin ningún examen exhaustivo sobre el hecho, ni de parte suya ni de las autoridades competentes, se lo atribuye a una supuesta banda haitiana y con la amenaza de “sangre por sangre” dice que irá a avisarle, casa por casa, a las familias de haitianos, reales o supuestas para que abandonen la zona. Una expresión de barbarie, recurrente en otras partes del país, que no es enfrentada decididamente por las autoridades de nuestro país. Según sacerdotes católicos de la Orden Jesuita, algunos ya se han marchado por miedo y otros estarían dispuestos hacerlo, entre ellos parte de más de 150 familias mixtas entre dominicanos y haitianos.
El clima de guerra que actualmente vive la provincia de Dajabón exacerba ese clima de miedo y barbarie que vive Loma de Cabrera y que se expande a lo largo de toda la frontera. Mientras se mantenga esa situación, todo esfuerzo de desarrollar esa zona será inútil, un despilfarro de recursos de todo tipo que bien hubiese podido servir para mejorar las condiciones de vida en una zona que una vez fue prospera y donde sus pobladores vivían en sana convivencia. A eso es que debería apostarse, evitando los golpes de efectos en el tratamiento del tema migratorio y en algunos momentos de las relaciones dominico-haitiana, como el que estamos presenciando con el sobredimensionamiento del tema del referido canal.
Hay que insistir, la soberanía nacional no está en peligro como maliciosamente propaga un grupito de nostálgico de la satrapía trujillista y de otros sectores, entre los que se cuentan algunos que vienen del antitrujillismpo, envenenados por la prédica de un jefe familia que, durante esa satrapía, del “combate a curas y comunistas” hizo religión. Ironía de la historia. Hay que insistir en que la solución a la crisis haitiana depende básicamente de un decidido involucramiento internacional. Contribuiría a ese involucramiento, solucionar situaciones como las que actualmente viven Dajabón y Loma de Cabrera, evitando la sinrazón de las tensiones transfronterizas.
