La presidenta del gremio anuncia iniciarán un proceso legal.
Santo Domingo, Rep. Dom.- El Colegio Dominicano de Notarios denunció que desde el 2016 la Procuraduría General de la República le retiene irregularmente fondos por cerca de 90 millones pesos por el cobro de certificaciones a los actos notariales, y anunció que apoderó a una barra de abogados que inició el procedimiento para que dichos recursos sean entregados al gremio profesional.
La presidenta del Colegio de Notarios, doctora Laura Sánchez Jiménez, explicó que resulta inhumano e improcedente que esta organización no pueda entregar ayudas médicas y pensiones a miembros envejecientes porque esos valores son retenidos por la Procuraduría General de la República.
Durante una rueda de prensa, la presidenta del Colegio de Notarios también informó que en 60 días iniciara la certificación de la firma de todos los actos y contratos notariales en la sede central de este gremio y en sus veintisiete filiales provinciales.
Manifestó que los abogados apoderados son los doctores Blaulio Alcántara y Zeneida Severino Marte, quienes van a accionar contra de la Procuraduría General de la República, y del propuesto Ministerio de Justicia que pretende abrogarse la facultad de certificar actos notariales, función que la Ley 140-15 le otorga al Colegio Dominicano de Notarios.
La presidenta del Colegio de Notarios dijo que la cantidad exacta dejada de recibir por esa institución desde el 2016 asciende a 89 millones 697 mil 530 pesos.
La doctora Sánchez Jiménez señaló que la Procuraduría debe recibir, conforme la Ley 140-15, 130 pesos por cada acto notarial, sin embargo, está cobrando 700 pesos, ósea 620 pesos por encima de lo establecido, de los cuales solo entrega 80 pesos al colegio, lo cual implica una retención anormal, en perjuicio del notariado.
La doctora Sánchez Jiménez explicó que al dejar de transferir al colegio la referida cantidad de dinero, la Procuraduría General de la República ha perjudicado a los notarios envejecientes, y trunca la urgente y constante asistencia social que debe brindar a cientos de sus afiliados en condiciones de vulnerabilidad.
Señaló que, en otras palabras, la PGR ha causado inmensos daños materiales y morales que en buena lid, de conformidad a derecho, debe responder como institución de derecho público, situación que no excluye las responsabilidades civiles de quienes resulten culpables de los daños por su actuación defectuosa como gestores de la administración.
Además de la presidenta Sánchez Jiménez, los miembros de la directiva del Colegio de Notarios que asistieron fueron Jhon Richard Paniagua Feliz, vicepresidente; Manuel A. Olivero Rodríguez, secretario general; Rhina M. Asencio de Jesús, tesorera; Luis Rafael Vilchez Marranzini, vicetesorero y Pedro Rodríguez Montero, asesor.
También acudieron los vocales Antonio de Jesús Rodríguez, Marcelino de La Cruz, Ana Hilda Nova Rivas, Lidia Durán Capellán, Valentín Antonio Vásquez, Elda Clase Brito, Teófilo Rosario Martínez y Ángela María Paulino.
