Patricia Arachede
Defensa Pública presentó un escalofriante estudio, titulado “Informe de las condiciones de detención y de prisión 2022”, cuyo contenido, bajo ningún concepto, debe ser pasado por alto.Se trata de una radiografía de triste, escandaloso y penoso resultado llevada a cabo en las cárceles del país sobre las cuales se ha dicho desde hace tiempo, con sobrada razón, que son “cementerios de hombres vivos”.
Prisioneros y detenidos en República Dominicana son personas (hombres y mujeres) cuyos derechos, incluyendo el inmarcesible a la vida, han sido conculcados, sin que parezca preocupar a quienes tienen la responsabilidad de protegerlos.
Es un informe pormenorizado, de 293 páginas, hecho por regiones, las autoridades de la Defensoría Pública presentan, apoyados en fotografías y testimonios, lo que ocurre en cada uno de los centros penitenciarios del país y describen situación por situación.
Las estadísticas hablan por sí solas: las cárceles acogen en su interior a 25 mil 711 internos, cuando su capacidad es de apenas 15 mil 643, o sea, que el 64.4% de ellos se encuentran en condiciones de hacinamiento.
Fueron enfocados en líneas comunes y definidas para todos los centros: Dignidad personal, salud, integridad personal-hombres; integridad personal mujeres; rehabilitación y readaptación social de los internos; plazo razonable para el conocimiento de los procesos. Y para cada cárcel, hay una recomendación.
Sectores nacionales no parecen inmutarse frente a estas barbaries; al hacinamiento por estrecheces y falta de servicios básicos; (salvo excepciones), ni por la injusticia de permanencia en condición de preventivos de un número tan exagerado de “internos” que en ocasiones supera, por mucho, a los que ya tienen condena.
Tampoco dan señales de que se ocupan o de que les interese brindar la obligada atención médica a los enfermos de esos centros y, mucho menos, de garantizar una adecuada alimentación.
Las competencias de esos sectores, precisamente, están vinculadas a velar por el fortalecimiento institucional, por el respeto a la Constitución de la República, a las leyes y a las disposiciones generales de protección a la gente.
Quizás animados por el dicho común de que “el preso no e´gente”, han dejado en el olvido a las personas que, culpables o no, han caído en las brasas del infierno, que son las cárceles dominicanas.
El tema es viejo, claro está y hoy continúa con la misma gravedad de hace más de 30 años.“Las estadísticas al 31 de diciembre de 2022, señalan que en los 22 centros del nuevo modelo y en los 19 centros de privación de libertad del modelo tradicional hay una población interna de 25, 711, siendo su capacidad de tan solo 15,643, lo que indica que la tasa de hacinamiento supera el 64%”.
¿A quién exigirle solución? ¿A quién preguntarle? ¿Por qué no se ha hecho nada, a pesar de que en algunos gobiernos se anunciaron recursos y fondos para supuestamente hacer frente a la crisis del sistema penitenciario nacional?…
El informe amplio y realista fue dado a conocer públicamente. Dígame usted si alguien, con poder de decisión y facultades para adoptar iniciativas en este sentido, lo ha referido.
