Washington, D.C.– La Administración Trump ha ampliado su ofensiva contra los migrantes indocumentados incluyendo a los niños que cruzaron la frontera solos, a pesar de que el Gobierno asegura que su prioridad es expulsar a delincuentes. Sin embargo, un memorando obtenido por Reuters revela que los agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) deben rastrear a los menores no acompañados para determinar si son citados en los tribunales o, en caso de recibir una orden de expulsión, deportarlos.
Desde 2019, más de 600,000 niños han ingresado a Estados Unidos desde México sin la compañía de sus progenitores, y un informe reciente indica que al menos 32,000 de ellos están en paradero desconocido por no presentarse a sus citas judiciales, aunque el número real podría ser mucho mayor dado que hasta 290,000 aún no han recibido una cita de la corte.
Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro para la Justicia Acacia, advirtió que acelerar los procedimientos judiciales y deportar a estos menores sin asistencia legal vulnera sus derechos y aumenta el riesgo de explotación y trata. “Privar a los niños de protección legal y acelerar sus deportaciones solo los hace más vulnerables a la explotación”, señaló Aber, quien representa a unos 26,000 menores no acompañados.
El Gobierno justifica la búsqueda de estos menores como una medida para evitar que caigan en manos de redes de tráfico de personas. No obstante, organizaciones defensoras de los migrantes critican la contradicción en proteger a los niños y, al mismo tiempo, adoptar políticas que retiran su representación legal en las cortes de inmigración, una medida que fue revertida tras una fuerte reacción pública.
El memorando instruye a los agentes de ICE a localizar, contactar y entregar la documentación de inmigración a los menores, clasificándolos en categorías como “riesgo de fuga”, “seguridad pública” y “seguridad fronteriza”. Se dará prioridad a aquellos considerados “en riesgo de fuga”, incluyendo a los que han faltado a sus audiencias judiciales y a los que fueron entregados a patrocinadores no familiares.
Una vez localizados por la Patrulla Fronteriza, los niños son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y posteriormente, a familiares o patrocinadores. Sin embargo, Kathleen Bush-Joseph, abogada del Instituto de Políticas Migratorias, advierte que esta medida podría estar destinada a localizar a otros migrantes indocumentados, ya que en muchos casos los patrocinadores también carecen de estatus legal.
El 14 de febrero, la Administración ordenó la toma de huellas digitales de todos los adultos en los hogares de acogida, compartiendo su estatus migratorio. Los expertos sostienen que esta medida podría desalentar a los familiares de acoger a los menores y aumentar las ausencias en las citas judiciales, facilitando así las deportaciones.
Actualmente, en 2024, el ORR custodia a 98,536 niños, cifra significativamente superior a la media anual durante el primer mandato de Trump. Los menores provienen en un 32% de Guatemala, 20% de México, 20% de Honduras y 8% de El Salvador, enviados por familias que buscan un futuro mejor ante la pobreza y violencia en sus países de origen.
Aunque cada año se emiten miles de órdenes de expulsión para menores, su proceso de deportación es más lento que el de los adultos debido a los procedimientos administrativos de USCIS, que pueden demorar hasta 1,200 días, por lo que muchos de los niños ingresados se convierten en adultos durante el proceso. Los que no encuentran a un familiar o patrocinador permanecen en centros de acogida hasta cumplir 18 años, momento en el cual pueden ser transferidos a ICE, aumentando el riesgo de detención y deportación.
