La comisión estuvo integrada por el viceministro de Reforma y Modernización del Ministerio de Administración Pública, Gregorio Montero y otros 25 actores del sistema educativo dominicano.
Santo Domingo. – En el marco del Eje de Reformas Sectoriales del Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública (Reformap), fue entregada de manera formal al ministro de Educación, Ángel Hernández, la propuesta de reforma a la Ley General de Educación, No. 66-97, por parte de la comisión designada.
La comisión, integrada por el MAP y por representantes de instituciones públicas, privadas, sociedad civil, gremios y técnicos del sistema educativo, lograron los acuerdos necesarios para plantear sugerencias y cambios sustanciales a la Ley, a los fines de formular una norma más robusta, con un marco jurídico renovado y que propicie un nuevo enfoque sobre la educación en la República Dominicana.
Durante 18 meses, fueron formuladas distintas propuestas abordando las principales cuestiones del sistema educativo, tales como: derecho fundamental y carácter público de la educación, el servicio educativo, el Estado como regulador exclusivo del servicio educativo, diseño institucional que debe soportar el modelo educativo dominicano, descentralización de la gestión, separación de funciones de rectoría, programas académicos y estrategias de enseñanza; gestión integral de los recursos humanos, docentes y administrativos, entre otros temas.
En ese sentido, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 365-23, el cual declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel preuniversitario, en respuesta al Eje de Reformas Sectoriales del Reformap, liderado por el Ministerio de Administración Pública.
Mediante el decreto, se instauró la comisión para la reforma del sector educativo preuniversitario, a partir de lo cual se conformaron mesas de trabajo, incluyendo el comité para la modificación de la Ley de Educación, la cual forma parte de las mesas creadas.
Próximos pasos
Con laentrega del documento, se llamará a un proceso de consulta pública, con el propósito de realizar actividades que permitan la participación de otros actores en la mejora y enriquecimiento de la propuesta de modificación a la Ley General de Educación.
