Los nuevos contratos implicarían duplicar tarifas aeroportuarias, flexibilizar obligaciones de inversión a cambio de 800 millones de dólares como supuesta contraprestación
Santo Domingo, D.N. El Colegio de Abogados de la República Dominica (CARD), interpuso formal oposición a la aprobación del proyecto de ley de “Medidas Regulatorias a los Contratos de Concesión suscritos con anterioridad a la ley 340-06”, en virtud de que permitiría entregar por treinta años más, sin licitación, ni transparencia, la operación y usufructo de al menos seis aeropuertos propiedad del Estado Dominicano, entre los cuales se encuentran: 1) Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo; 2) Aeropuerto Internacional Presidente Dr. Joaquín Balaguer, en Santo Domingo Norte; 3) Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata; 4) Aeropuerto Internacional María Montés, Barahona; 5) Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, Samaná; y 6) Aeródromo Arroyo Barril, Samaná.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, dijo que, de aprobarse esta iniciativa, además se permitiría flexibilizar las condiciones originales del operador respecto a inversión y potestad de aumento de tarifas aeroportuarias, sin la posibilidad de un proceso abierto, transparente, donde pueda ser seleccionada, la mejor oferta económica y de mejor servicio para los pasajeros en los distintos aeropuertos en nuestro país.
“Autorizar por Ley a funcionarios para entregar los bienes del Estado Dominicano, de grado a grado, sin transparencia, sin licitación y de manera discrecional en violación de los principios de transparencia consagrados por la Constitución, es un atentado contra el Pueblo Dominicano, Maxime cuando tenemos informes de que existen conversaciones avanzadas entre funcionarios y ejecutivos de la empresa donde operan dichos aeropuertos para que luego de la aprobación de dicha ley, renegocien la entrega de los citados aeropuertos, flexibilizando las condiciones originales, y autorizando a duplicar las tarifas aeroportuarias, a cambio de un adelanto de US$800 Millones de dólares, en perjuicio del Estado dominicano”, reveló Surun Hernández.
El jurista enfatizó “estamos obligados a enfrentar los aprestos tendentes a desmontar los mecanismos de transparencia por parte de sectores oficialistas cuyo propósito es beneficiar una claque empresarial enquistada en los resortes del gobierno, pues al final acabaran no solo con los pocos activos que le quedan al Estado Dominicano, sino con el precario estado de derecho”. Dijo el gremialista al momento del depósito por ante la Cámara de Diputados una formal oposición a la aprobación del citado proyecto.
